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EL VICIO EN EL CONSENTIMIENTO DE SOCIEDADES MERCANTILES CUANDO NO REÚNEN LA CONDICIÓN DE CLIENTE PROFESIONAL

08 JUL 2016

Recientemente, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de junio de 2016, ha desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, interpuesto por BANCO POPULAR, S.A. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava de fecha 2 de mayo de 2014 en la que confirmaba la Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria, en la que se acordó:

(i) declarar la nulidad de contrato de adquisición de bonos canjeables

(ii) la condena al pago de la cantidad de 1.585.178,14 euros.

Lo relevante la Sentencia es que el Tribunal Supremo ha venido a ratificar que las personas jurídicas son merecedoras de protección en asuntos relativos a la contratación de bonos canjeables. No obstante, la relevancia de la Sentencia no se puede equiparar a todas las sociedades mercantiles.

El Tribunal Supremo entra a determinar o valorar la categorización de los clientes conforme al artículo 78 bis de la Ley del Mercado de Valores introducido por la Ley 47/2007, a saber: cliente minorista, cliente profesional y parte elegible. Según la Sentencia el cliente profesional es aquél al que se presume la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos.

La esencia de la resolución, se centra en la falta de clasificación específica del cliente a la hora de celebrar el contrato por parte de la entidad financiera, y en la previa actividad inversora del cliente y su propia estructura empresarial.

Continua la Sentencia clasificando, al albur de la LMV, los bonos como productos complejos de forma que viene a entender que cabe presumir que existe un error en la contratación por falta de conocimiento del producto cuando la información no ha sido precisa, señalando que las sociedades que prestan servicios de inversión tienen el deber de informar y hacerlo conforme a la directiva 1993/22 y considera que cuando la información se ha omitido en la contratación, siendo una obligación activa para estas sociedades, y no de mera disponibilidad, de forma que las proveedoras del servicio no pueden exigir que sean sus clientes quienes deban averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión, pues el cliente no puede saber qué concreta información tiene que demandar.

Termina la Sentencia afirmando que el hecho de que el cliente tenga un patrimonio considerable o que haya realizado alguna inversión no lo convierte en un cliente experto.

 

Vicente Roldán

Socio-Director

Sigma Abogados

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