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RECLAMACIÓN DE INTERESES POR PARTE DE LOS Ac AL PLAN ACREEDORES ADSCRITOS AL PLAN DE PROVEEDORES

28 JUN 2016

En breve, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunciará sobre la legalidad de la renuncia al cobro de los intereses de aquellos proveedores afectados por el plan de pago a proveedores.

La renuncia a la reclamación de los intereses de demora y otros gastos accesorios a las Administraciones Públicas deudoras por parte de los acreedores acogidos al denominado plan de pago a proveedores, ha sido una contrapartida demasiado gravosa, pero ha devenido inevitable como consecuencia de lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto ley 8/2013.

La obligación de renunciar a los intereses de demora, como condición inexcusable para percibir el pago de la deuda pendiente con cargo a dichos planes, se ha establecido por el poder legislativo español en clara disonancia con el contenido tanto de las Directivas Europeas como de las propias Leyes españolas, las cuales prevén el carácter abusivo y nulo de dicha renuncia.

Como apuntábamos, en breve, el TJCE se pronunciará al respecto de la cuestión, puesto que la previsión del antedicho precepto resulta contraria a la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que no sólo considera “manifiestamente abusivas” todas aquellas cláusulas que impidan el cobro de intereses sino que recoge que los acreedores de las Administraciones Públicas tienen derecho a percibir intereses de demora y una compensación por los costes de cobro. Esta previsión no trata sino de impedir que la morosidad se torne en una actitud económicamente provechosa para los deudores a causa de los bajos intereses generados o de la no aplicación de los mismos: “En particular, la exclusión de

 

principio del derecho a cobrar intereses debe considerarse siempre manifiestamente abusiva…”.

A mayores, la citada Directiva prevé que en las operaciones entre empresas y poderes públicos, siendo el deudor un poder público, “Los Estados miembros se asegurarán de que… el acreedor tenga derecho, al vencimiento del plazo…, a intereses legales de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento…”.

Por último, el artículo 7 de la Directiva, relativo a las cláusulas contractuales y las prácticas abusivas, dispone expresamente que se considerará manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora.

Dicha dicotomía, colisiona con la obligación que tienen todos los Estados miembros de trasponer las Directivas a sus normativas nacionales. En el caso de la directiva 2011/7/UE, España dispuso de plazo para ello hasta marzo de 2013, y aunque se promulgó la Ley 17/2014, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, en la que se modificaba el artículo 9 de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, calificándose de nulas las cláusulas y prácticas que excluyen el cobro de intereses y costes de cobro, en el ámbito que nos ocupa, contradictoriamente, se publicó una norma en la que se contemplaba una cláusula contraria a aquella, manteniéndose la redacción originaria del artículo 9 del Real Decreto Legislativo 4/2012, de 24 de febrero, sobre procedimiento de pago a proveedores.

En la actualidad se han presentado una serie de demandas particulares ante los tribunales de justicia que, ante esta confrontación entre las normativas europea y nacional, podrían plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo, como ya ha hecho el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia.

El Juzgado de Primera Instancia número 21 de Sevilla y el Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Valencia han dictado sentencias estimatorias de la pretensión de cobro de los intereses declarando que no procede la extinción de la deuda respecto a los intereses de demora por haber sido abonado el principal por el sistema de pago a proveedores por aplicación de

 

los efectos directos que tiene la Directiva 2011/7/UE, norma que considera dicha exclusión como una práctica nula. Entiende el Juzgador que, como tiene dicho el TJUE, la Directiva tiene este efecto directo, al objeto de proteger los derechos de los particulares, al tratarse de una disposición incondicional y suficientemente clara y precisa, y no haberse transpuesto por el Estado español la Directiva en plazo.

A la espera de lo que resuelva el TJCE se hace factible reclamar los intereses de demora por parte aquellos acreedores que se acogieron al plan de pago a proveedores.

 

Vicente Roldán
Socio Director Sigma Abogados

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