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EL PROCEDIMIENTO EXEQUATUR TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY 29/2015 DE 30 DE JULIO COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL

28 JUN 2016

El pasado 20 de agosto de 2015 entró en vigor la Ley 29/2015, de 30 de julio cooperación jurídica internacional en materia civil que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 31 de julio de 2015.

La principal característica de la reciente norma reside en que supone, por primera vez, la aparición en nuestro ordenamiento jurídico procesal de una ley que regule de forma específica la cooperación jurídica internacional.

El ámbito de aplicación se circunscribe al ámbito civil y mercantil, con independencia del órgano jurisdiccional, aplicándose igualmente a la responsabilidad civil ex delito y a los contratos de trabajo, y será de aplicación subsidiaria a otras normas internacionales como domésticas pero especiales (Ley Concursal, Ley de Arbitraje, entre otras).

En cuanto al contenido de la ley, esta se divide en: (i) un título preliminar y (ii) cinco títulos adicionales que vienen a regular distintos aspectos:

a) Notificación y traslado de documentos de carácter judicial como extrajudicial;

b) La práctica y obtención de pruebas;

c) Prueba del derecho extranjero;

d) Cuestiones relativas a la información del derecho extranjero;

e) Litispendencia y conexidad internacionales;

f) Y el exequátur o reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros y el procedimiento de exquátur.

g) Modificación de la Ley Enjuiciamiento Civil con el fin de adaptarla a la aplicación de los Reglamentos 1215/2012 de 12 de diciembre, 650/2012 de 4 julio.

h)La modificación de Ley 5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos civiles.

 

De entre las principales características de esta reforma de esta reforma destaca la derogación del procedimiento de exequátur que segguía vigente y que se regulaba en los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

En relación con la regulación del nuevo procedimiento de exequátur podemos señalar que ley regula el mismo en los artículos 44 a 55. de forma que se prevé que serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España las resoluciones extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso y las resoluciones extranjeras definitivas dictadas en un proceso de jusriscción voluntaria, así como las medidas cautelares y provisionales, siempre y cuando la falta de adopción de las mismas implique una vulneración de ña tutela judicial efectiva.

Amén de la regulación de nuevas características en el procedimiento de exequátur (solicitud de reconocimiento en un procedimiento abierto sin necesidad de instar un nuevo incidente; la posibilidad de adaptar al ordenamiento jurídico interno la medida adoptada en el Estado de origen por otra conocida que tenga efectos similares en el Estado donde se reconoce la resolución), se establecen las causas por las cuales el reconocimiento no se puede producir:

a) Que la resolución sea contraria al orden público.

b) Infracción del derecho de defensa de cualquiera de las partes.

c) Resoluciones dictadas sobre materiales cuya competencia exclusiva corresponda a los tribunales españoles españoles o que afecten a materias que impliquen que la competencia del juez de origen no responde a una conexión razonable.

d) Que se trate de resoluciones inconciliables con otra dictada en España.

e) Aquellas resoluciones inconciliables con otra dictada en otro Estado, siempre y cuando dicha resolución reúna, además, las condiciones para ser reconocida en España.

f) La existencia de un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, siempre y cuando éste se haya iniciado con anterioridad al proceso extranjero.

g) En materua de transacciones judiciales, se prevé su falta de reconocimiento cuando las mismas sean contrarias al orden público.

 

Por lo que respecta a la competencia, ésta corresponde a los juzgados de Primera instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsidiariamente, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución deba producir sus efectos, siendo competente, en último caso, el Juzgado de Primera instancia ante el cual se interponga la demanda de exequátur. Los juzgados de lo Mercantil serán competentes en aquellas materias atribuidas expresamente.

El procedimiento principiara por demanda y deberán acompañarse a la misma los siguientes documentos:

a) El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados.

b) El documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento o el documento equivalente.

c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso la resolución extranjera en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley aplicada por el tribunal de origen.

d) Las traducciones pertinentes con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por último, indicar que la resolución será susceptible de recurso ante la Audiencia Provincial.

 

Vicente Roldán Martínez

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