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CONSIDERACIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

28 JUN 2016

El Tribunal Supremo en sus recientes Sentencias número 154/2016 de 29 de febrero y 221/2016 de 16 de marzo ha ido estableciendo el criterio jurisprudencial de responsabilidad penal a las personas jurídicas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal.

 

De entrada, cabe afirmar, que en ambas Sentencias se establece como requisito inexcusable para la existencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas que la misma ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla ha sido posible o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al Derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la que cada una de las personas físicas que la integran, que deberá de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión de estos delitos.

 

Ambas resoluciones, en especial la 221/2016 nos deja algunas pautas importantes que deben ser destacadas:

 

(i)             La Sala no puede identificarse con la tesis de que una vez acreditado el hecho de la conexión, esto es, el particular delito cometido por la persona física, existe una presunción iuris tantum de que ha existido un defecto organizativo.

 

(ii)            Dicha premisa, parte de la existencia misma de un proceso penal y de la imposibilidad de sustraerse al entendimiento constitucional el derecho a la presunción de inocencia que, también recae en la persona jurídica. No hay, responsabilidad sin delito precedente.

 

(iii)           El estatuto procesal de la persona jurídica no puede “dibujarse con diferente trazo” en función del anticipado criterio que se suscriba respecto a la naturaleza de la responsabilidad penal.

(iv)           La persona jurídica no es responsable penalmente de todos los delitos cometidos en el ejercicio de las actividades sociales y en su beneficio directo e indirecto, sólo responde cuando haya incumplido gravemente los deberes de vigilancia, control y supervisión de su actividad, atendido el caso. En esencia: Los incumplimientos menos graves quedan fueran de la responsabilidad penal de los entes colectivos.

 

(v)            El Ministerio Fiscal deberá acreditar la concurrencia de un incumplimiento grave de los deberes de supervisión. Lo contrario, implicaría una vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

 

(vi)           Habrá que analizar si existe colisión de intereses entre la persona física y la jurídica cuya condena se solicita.

 

(vii)          En cualquier caso, la pena impuesta a la persona jurídica debe apoyarse en la previa declaración como probado de un hecho delictivo propio, no sirven los efectos y las extensiones.

 

Concluyendo, aunque la responsabilidad penal de la persona jurídica se construya a partir de un delito previo de la persona física, se requiere que existan criterios de imputación diferenciados y adaptados a la especificidad de la persona colectiva.

 

 

Vicente Roldán

Socio Director Sigma Abogados

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